Con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en el Congreso, el Gobierno afina las relaciones con las entidades del campo, justo cuando define el nivel de retenciones a las exportaciones agrarias. Hoy, desde las 15, el presidente Alberto Fernández se reunirá con la Mesa de Enlace, un espacio que no termina de unificar una postura sobre los derechos de exportación y que, a la vez, busca contener la presión cada vez más fuerte de sus bases a favor de una protesta
Mientras dialoga con las entidades, los funcionarios de Agroindustria buscan definir el porcentaje final en el que quedarán los derechos de exportación. La ley de emergencia económica permite llevar ese tributo del 30% actual en soja y del 12% para el resto de los cultivos al máximo de 33% y 15%, respectivamente. En el caso de la carne bovina, el impuesto para las exportaciones se ubica en el 9% y podría llegar al 12%, mientras que las economías regionales el porcentaje del tributo es del 5%.
La otra gran incógnita es lo que ocurrirá con la segmentación. De acuerdo al texto de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá “establecer mecanismos de segmentación y estímulos tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad” de pequeños productores y cooperativas. Si bien no queda claro cómo se aplicará, en el artículo 53 señala que esta medida sería aplicable cuando sus actividades “se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”.
En este párrafo también se menciona establecer criterios para estimular la producción, tomando como punto de partida las distancias entre centros de producción y comercialización, en un claro guiño a los pequeños productores del NOA y NEA. De acuerdo a fuentes oficiales a las que pudo acceder BAE Negocios, una de las lecturas posibles en relación a este tema sería que la segmentación se implementaría a partir de que se fijen derechos de exportación superiores a los que rigen en la actualidad.
Las cuatro entidades gremiales del campo que componen este espacio tienen visiones diferentes al momento de brindar definiciones sobre este impuesto. La Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) conforman el ala más dura y sostienen que la eliminación del tope de $4 por dólar exportado -que en el caso de la soja llevó a este impuesto al 30%- es inaceptable, y mientras ellos hablan de un aumento que no pueden absorber, desde la Casa Rosada señalan que estas cifras son una “actualización”. Distinta es la postura de Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que están a favor de una segmentación de este impuesto.
A esta postura dividida de los gremialistas rurales, se suma otro factor de presión: los productores autoconvocados que buscan visibilizar su molestia con cortes de ruta. En este escenario, las entidades que representan a los productores deben hacer equilibrio entre la política y la presión de sus bases. En el caso de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anunciaron, en el marco de su última reunión de Consejo Directivo, que llevarán a cabo un cese de comercialización. Según consultó este medio con fuentes de la entidad, no se definió fecha de inicio y duración y alcanzaría a granos y carnes, pero no leche.
